Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza,
coinciden en que se deben garantizar rentas dignas que no estigmaticen
más a las personas vulnerables
“Rapidez,
consenso y entendimiento» para la puesta en marcha de la Renta Básica
de Aragón, ésta es la petición que ha transmitido a la clase política la
Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión en sus IV Jornadas “El
Aragón que queremos” que ha celebrado para reflexionar sobre los
procesos de revisión que requieren los sistemas de rentas mínimas ante
la creciente desigualdad social. Por parte de la red, su presidente,
Daniel Gimeno y Marisa Esteve han presentado las conclusiones de este
importante foro para poner sobre la mesa la necesidad de mejoras
urgentes: “el complejo sistema de rentas mínimas tiene una gestión
burocrática tan tremenda que choca con la agilidad y eficacia, mientras
ue las situaciones de pobreza y creciente desigualdad existentes exigen
actuaciones urgentes”
han señalado que “hasta ahora se ha estado dando más importancia en los
modelos de gestión al control de requisitos que al objetivo prioritario
que es el de garantizar la inclusión”. Por ello, han destacado que hay
que revisar los planteamientos para “que la gestión sea realmente
transversal en la administración, y no sólo una competencia de Servicios
Sociales”. Asimismo, durante las jornadas se han podido comparar las
diferencias de las prestaciones y sus aplicación en distintos
territorios (se han visto los ejemplos de País Vasco y Navarra), por lo
que se reivindica un marco de legislación común “porque los derechos
sociales son de las personas y no cabe ninguna discriminación por el
lugar en el que se habita”.
Todos
estos planteamientos expuestos por la Red Aragonesa de Entidades para
la Inclusión han encontrado respaldo y sintonía por parte de las
consejeras de Derechos Sociales del Gobierno de Aragón y del
Ayuntamiento de Zaragoza, María Victoria Broto y Luisa Broto, que han
asistido a la presentación de conclusiones de las jornadas. Ambas han
ratificado el compromiso de las instituciones que representan “en
priorizar la cobertura de necesidades básicas con rentas dignas, como
derecho subjetivo y de ciudadanía”. No se puede seguir culpabilizando,
han coincidido, a las personas vulnerables de su situación, y han puesto
en valor un dato que se ha puesto sobre la mesa en este foro y que
descarta cualquier argumento sobre posibles abusos: «las estadísticas
demuestran que el supuesto fraude que se puede dar en la percepción de
estas prestaciones no llega al 0,3%”.
Durante dos días, este importante foro ha reunido a destacados técnicos y expertos en rentas mínimas. “Una economía justa al servicio de las personas, es posible”, ha sido el mensaje central de la ponencia de Juan Gimeno, Catedrático de Economía Aplicada y presidente de Economistas sin Fronteras, cuyo planteamiento defiende la renta básica para corregir enormes injusticias cómo la pobreza infantil y el hecho de que la protección familiar en España esté a la cola de Europa. Más allá de la renta básica, Gimeno ha llevado el debate también hasta la propuesta de renta universal, ya que considera que colectivos como las mujeres no incorporadas al mundo laboral y los niños “son los grandes olvidados de un confuso y complejo sistema de garantía de rentas de carácter incompletamente universal”.
Aragón se encuentra a la espera de la Ley de Renta Social Básica que en breve se debatirá en las Cortes. Una inmensa mayoría de las personas con las que se trabaja desde las 49 organizaciones que integran la Red Aragonesa de Entidades Sociales para la Inclusión son susceptibles de ser perceptores de dicha renta. Una prestación social que se plantea como un derecho básico, subjetivo y de ciudadanía, que pretende garantizar a la vez una cuantía económica mínima con la que las personas con carencia de patrimonio e ingresos suficientes puedan cubrir sus necesidades y la puesta en marcha de servicios técnicos y profesionales que hagan posible el derecho a la inclusión mediante el acompañamiento y el apoyo a la integración de las personas que así lo precisen y demanden. La futura ley pretende dar respuesta a las nuevas situaciones de desigualdad y perfiles de pobreza surgidos de la crisis económica, estimándose que podría beneficiar a 15.000 aragoneses.
A través de programas de atención directa a personas en situación o riesgo de exclusión social las ONG de la Red Aragonesa de Entidades Sociales atendieron en 2015 a más de 216.000 personas, con la imprescindible colaboración de 16.800 voluntarios y más de 3.000 profesionales.
