El tercer sector pide que la contratación pública de servicios sociales valore más los objetivos sociales que el precio

Esteban Del Ruste, responsable de Recursos Humanos del SALUD, y José María Gimeno Feliu, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad de Zaragoza, han abierto esta mañana el debate sobre contratos públicos, promovido por la Red Aragonesa de Entidades para la Inclusión en sus III Jornadas “El Aragón que queremos: Por una contratación pública responsable”. Las posturas apuntan hacia la necesidad de que las Administraciones dejen de priorizar el precio en las adjudicaciones frente a la garantía y apoyo a los objetivos sociales comunes. Una premisa que las entidades del tercer sector consideran ineludible, concretamente en la contratación de servicios relacionados con el ámbito social. 

La nueva Directiva de Contratación Pública aprobada en 2014 por la Unión Europea ha motivado a la Red Aragonesa de Inclusión a abrir este debate, “porque prioriza criterios inteligentes, sostenibles e integradores para garantizar un uso más eficiente de los fondos públicos, facilitando la participación a las organizaciones del sector de la acción social en la contratación pública”. Para las entidades de la Red, esta directiva abre nuevas posibilidades para que “la contratación pública redunde en la mejora de la atención primaria a las personas que más lo necesitan”.

En este sentido, Gimeno Feliu ha recordado que, aunque ya existía esta posibilidad hay una nueva desde 2014, Europa ya permite adjudicar por calidad servicio y no por precio “la compra pública no es un gasto es una inversión, pero hasta que no se legisle autonómicamente no habrá avances en este sentido para el tercer sector”. Para Ruste “será difícil que el precio no prime en la contratación pública, y habrá que legislar para incluir en mejores condiciones al tercer sector y optar entre el modelo de contrato o convenio”. Las posturas coinciden en que “hace falta una Ley de Contratos específica para el ámbito social”.

Hoy, más de 85 técnicos de entidades sociales y administraciones públicas han participado activamente en este análisis de los contratos públicos, y también en dos talleres sobre buenas prácticas en materia de viviendas sociales y atención a la infancia y juventud. Mañana, con la presentación de conclusiones a las 10,00 horas, en el Centro Joaquín Roncal, los portavoces de la Red Aragonesa de Entidades de Inclusión trasladarán sus propuestas a los responsables institucionales. La Consejera de Ciudadanía y Derechos Sociales del Gobierno de Aragón, María Victoria Broto, ha confirmado su asistencia y participación en el acto de clausura.